El día 9 de junio de 1940 las tropas de Hitler cruzaron la frontera danesa en Flensburgo e iniciaron la ocupación más rápida de la Segunda Guerra Mundial. En apenas seis horas, Dinamarca se doblegó ante la potencia militar nazi. Para evitar un derramamiento de sangre entre su población, el gobierno danés se rindió casi de inmediato y, a cambio, Hitler respetó su autonomía bajo la forma de protectorado e, incluso, permitió que su Parlamento continuara funcionando. La policía, sin embargo, se negó a colaborar con las fuerzas invasoras. La mayor parte de los agentes de seguridad fueron detenidos. Ante ello los ciudadanos organizaron un sistema de vigilancia civil para evitar que se cometieran delitos. Se inició así la llamada «historia de los siete meses» durante los cuales la investigación de los delitos comunes cayó por completo. ¿Qué pasó con la delincuencia? Durante las dos primeras semanas, no se apreció ningún aumento. Sin embargo, cuando la gente empezó a ser consciente de que la impunidad delictiva era casi total, se incrementaron los hurtos, los robos en tiendas y los atracos en las calles. Se estima que los delitos contra la propiedad se multiplicaron por diez. Los otros tipos delictivos aumentaron, por el contrario, de forma más moderada.
Una de las funciones principales del Derecho Penal es disuadir a la población de cometer delitos. Durante muchos años, se ha pensado que esta función preventiva se lograba mediante un endurecimiento de las sanciones penales. Cuando mayor es el castigo asociado al delito, mayor efecto disuasorio tiene sobre la ciudadanía. Sin embargo, este planteamiento empezó a reconsiderarse cuando se analizó la eficacia preventiva de la pena de muerte. Diversos estudios en Norteamérica analizaron si la delincuencia especialmente violenta aumentaba en aquellos Estados que habían suprimido la pena capital. Los resultados fueron desoladores: la existencia de pena de muerte no parecía tener ningún efecto sobre la tasa de homicidios. Incluso, en algunos casos –como, por ejemplo, terrorismo yihadista- la pena de muerte era más bien un aliciente al tratarse de personas que buscaban precisamente el martirio.
A partir de estas críticas, se empezó a considerar la existencia de otras variables que podían influir en la eficacia disuasoria de las penas. Y se llegó a la conclusión de que el Derecho Penal amedrentaba más a la población cuando se incrementan dos factores: 1) la certeza de la pena; y 2) la celeridad en la imposición del castigo. El primer aspecto depende de que se descubra el delito, se acuse al autor y finalmente resulte condenado tras seguir un proceso con todas las garantías. Y el segundo aspecto depende de la eficacia del sistema de justicia penal. Un buen ejemplo para entender estos factores es la corrupción. Las personas que han malversado fondos, amañado adjudicaciones o sobornado a un funcionario posiblemente no conozcan con exactitud a cuántos años de prisión pueden ser condenados en caso de ser descubiertos. Aun sabiendo que su conducta es delictiva, la amenaza de una pena –aunque sea muy elevada- no les disuade para abandonar su propósito porque tienen la sensación de que la sentencia llegará después de muchos años. O, incluso, que nunca llegará debido a las dificultades de todo orden que se producen durante la prolongada investigación judicial.
Para incrementar estos dos factores (certeza y celeridad) se requiere una inversión considerable de medios personales y materiales. No basta con incrementar las penas de los delitos. Habrá que reclutar y formar más agentes especializados en la lucha contra el crimen organizado. Crear departamentos dotados de programas de última generación para realizar complejos informes periciales (ADN, informática forense, contabilidad etc.). Habrá que facilitar la colaboración de testigos protegidos con la Justicia. Deberemos replantearnos una simplificación de las fases del proceso penal, el sistema de recursos y las formas de ejecución de la pena. Y, por supuesto, incrementar la plantilla de jueces, funcionarios y demás personal que colabora con la justicia penal.
La «historia de los siete meses de Dinamarca» demuestra hasta qué punto podemos olvidar el respeto a la ley cuando no existen mecanismos que obliguen a cumplirla. Quizá sea el momento de recordar aquellas palabras que dijo Cicerón hace más de dos mil años: «Somos esclavos de las leyes para poder ser libres».
