Porque el vocablo, mejor sería decir el palabro, lo merece, lo traigo a colación. Ustedes se recordarán que a mediados de abril último, el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, refiriéndose al panorama que ha dejado la llamada amnistía fiscal, acertó a decir que los datos que tiene sobre la mesa son la «repera patatera». La corrupción de 'patatera' por 'limonera' la hace especialmente sospechosa pues tal afirmación no puede, por mucha buena voluntad que uno tenga, ser tomada como algo bueno, como si los defraudadores que se acogieron a la puerta salvadora que les abría el gobierno para sus millones, fueran unas hermanitas de la caridad. Más bien induce a pensar todo lo contrario.
Dicen que es lícito, aunque a mí siempre me ha parecido extraño, tener dinero fuera de tu país. Aunque más extraño se me figura financiar ilícitamente la campaña electoral de un partido y mira tú que hasta hace unos días era legal.
El origen del problema del dinero fuera de España no hay que buscarlo entre los mileuristas, si no en la evasión de impuestos de cuentas millonarias, lo que ya es en sí un fraude con la Agencia Tributaria y por ende con el resto de contribuyentes.
Otra razón y no menor para tener tanto dinero fuera del control tributario, se debe a su procedencia que bien puede estar relacionada con actividades delictivas, trata de blancas, droga, extorsión, prevaricación, tráfico de influencias, etc. Y ahora estamos ante el nudo gordiano de publicar o no publicar los nombres de los defraudadores. En este punto estoy seguro que no todos son de la misma condición. Algunos probablemente solo tengan a mal tener su conciencia con esa afición de zafarse del control de hacienda. En verdad un pecadillo venial comparándolo con aquellos otros que al delito de defraudar a la hacienda pública hay que añadir la mafiosa procedencia de los millones que tienen allén de nuestras fronteras. En este asunto no se puede obviar que no solo no se debe blanquear dinero, si no además debería de averiguarse su procedencia delictiva y en qué grado se delinque. Y mucho menos blanquear esos dineros con la ayuda del gobierno. Algunos se agarran al socorrido clavo ardiendo de la ley. La ley no permite la publicación de quienes se acogieron a la amnistía fiscal por el sacro santo asunto de la confidencialidad. Pero tampoco puede la ley en un estado de derecho, decir cuando le viene en gana que todos somos iguales ante la ley y luego brear al honrado ciudadano con una altísima presión fiscal y permitir que el defraudador al por mayor acabe pagando una miseria por sus millones. Y lo que aún es peor, la ley no puede convertirse en copartícipe de algunos presuntos chorizos que tienen la posibilidad de burlarse del ojo inquisidor de Montoro, si es el suyo un dinero procedente de cualquier otra fechoría delictiva.
Acogerse al amparo de la ley quienes precisamente se enriquecen al margen de la misma, es un sarcasmo inaudito o difícil de digerir.
