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Durante el anterior mandato, todos los intentos y peticiones para obtener alguna información sobre casos concretos de los expedientes que tramitaba el Consorcio de Disciplina Urbanística en Rústico obtenían, invariablemente, la misma respuesta: son temas de naturaleza administrativa que afectan a terceras personas.

Al mismo tiempo, añadía el conseller que desempeñaba la presidencia -Marc Pons o Joan Marquès- que estos expedientes estaban protegidos por el deber de confidencialidad que obliga tanto a los empleados del Consell como a los políticos porque ambos desempeñan responsabilidades de función pública.

En una palabra, no había información porque no interesaba en aquel momento. Todo muy buenista y muy amable en aras a lo políticamente correcto. Pero ahora, cuando uno de los afectados es un ciudadano llamado a encabezar la candidatura municipal del Partido Popular en Es Migjorn Gran, saltan por los aires todas las precauciones y garantías, de manera que nos desayunamos con una contundente filtración informativa.

Qui prodest? ¿a quién beneficia y a quién perjudica? Si tiramos del hilo llegamos al ovillo. El expediente que ahora ha trascendido, cuando aún no se ha adoptado ninguna resolución, se inició a petición del gobierno socialista del Ayuntamiento de Es Migjorn, después de que los concejales de la oposición, o sea, el PP, presentara denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el alcalde Pere Moll y la primera teniente de alcalde Elena Baquero por varias presuntas irregularidades. En primera instancia, el Juzgado número 2 de Ciutadella, ha ordenado el sobreseimiento provisional de la denuncia, una decisión que ya ha sido recurrida.

Una vez más, jueces y fiscales serán los árbitros de la política municipal de Es Migjorn Gran.