Uno de los tópicos más frecuentes de los últimos años es que las sentencias judiciales no se discuten, sino que se acatan. Quizás aburridos de un debate político de poses, eslóganes, repeticiones, argumentarios verticales, algunos entregan a los jueces la llave de la última palabra. En esta democracia empobrecida, en lugar de regar el sistema con el debate, se confía más en el dictado, como cuando de niños el maestro, en lugar de promover la imaginación con un ejercicio de redacción se limitaba a revisar nuestras faltas de ortografía en una siempre más cómoda y más triste clase de dictado.
Sin embargo, las sentencias, incluso las que son firmes, no siempre son justas o lógicas. Es decir que, sea por las leyes, por la eficacia o incapacidad de un abogado o por cualquier otra circunstancia, los jueces no siempre consiguen ser justos.
Sin necesidad de viajar a la capital, aquí en la Isla estamos sufriendo las consecuencias de dos sentencias, que deben ser ajustadísimas a la ley, que estarán cargadas de lógica jurídica, pero que no se comprenden.
Al Plan General de Alaior le falta un documento, el plan de telefonía. El peculiar exsecretario Juan de Juan y Pi, propietario de un terreno en Cala en Porter que se calificó de zona verde privada, presenta una demanda y consigue anular todo el Plan General. Todos los grandes instrumentos de planeamiento carecen de algún papel. Es difícil de comprender que un defecto de forma tenga consecuencias tan negativas. Como en el caso Cesgarden, en que la supresión, no del hotel de Son Bou, sino de 128 plazas de las 728 previstas, genere una indemnización de 29 millones de euros.
Sin duda, es bueno que los jueces gocen de cierta protección para que su labor no se contamine más de la dinámica política, pero deberían ayudarnos a comprender algunos de sus fallos.
