No sé que más puede hacer falta para que la reivindicación de una mejora del transporte aéreo obtenga un resultado tangible. La primera Plataforma, de Montse Capell, organizó manifestaciones multitudinarias, pero como algunos políticos consideraron que estaba politizada no la escucharon. La segunda plataforma, de Antón Soler, recogió 24.000 firmas, se fue incluso al Parlament de Catalunya, y recibió palmaditas en la espalda, pero a la vista está que poco caso se les hizo. Ahora, las entidades económicas, sociales, culturales, incluso deportivas vuelven a elevar el volumen para que se aplique una tarifa plana y universal en cinco rutas aéreas, incluyen Bilbao (¿?).
La primera conclusión es que lo esencial no es el volumen al que llegue la protesta, sino saber si alguien con poder para cambiar las casas está escuchando.
En mi opinión, la idea de eliminar el descuento de residente para buscar una tarifa plana que sirva tanto a residentes como a no residentes, que, por tanto, ayude a incrementar el número de pasajeros y la actividad económica, mediante la declaración de OSP, es, como diría un abogado bregado en pleitos, un buen principio. Sin embargo, creo que no satisfaría a los residentes, puesto que el precio de la tarifa plana continuaría siendo caro. 80 euros por trayecto con Barcelona, como planteaba uno de los últimos estudios, es elevado.
El elemento que le falta a la fórmula se llama Mallorca. En la Isla hermana no tienen problema de transporte aéreo. Por eso no es justo que el dinero que el Estado destinada al descuento de residente (343,6 millones, incluyendo Canarias) se reparta igual entre los mallorquines y los menorquines. Descuento y tarifa plana deberían ser compatibles. Creo que quien debería escuchar es José Ramón Bauzá. Si no, hoy que viene bien, habría que pensar en declarar la independencia. Con referéndum, claro. Porque de consultas y estudios estamos servidos.
