No sé qué pasa, pero desde que ha empezado el año no paran de rondar por mi magín andanadas de ideas revolucionarias. Ya la semana pasada me asaltó aquella tan prometedora (la apunté en esta columna) sobre la idoneidad de exigir a los aspirantes a puestos públicos de responsabilidad un mínimo conocimiento del campo sobre el que aspiran a ejercer su labor gestora.
Hoy en la ducha noté sorprendido cómo mi cabeza se empapaba con la idea de una nueva quimera: ¿qué pasaría si la constitución de nuestro país incluyera un artículo que prohibiera expresamente leyes contrarias a la equidad? Sería la pera desde luego, pues acercaría la justicia a lo justo, y esto sí que supondría un paso de gigante en nuestro camino hacia una sociedad ética y estéticamente plausible.
Pondré un ejemplo para que se entienda el acertijo. Mejor aún, pondré un acertijo para ilustrar la idea:
Adivina adivinanza, ¿Qué triquiñuela perfectamente legal posibilita que un delincuente condenado en firme (pongamos por caso, así al azar, al encantador Jaume Matas), pueda eludir la acción de la justicia si ello se le antoja graciosamente a otro individúo que, pudiendo incluso ser su amigo, o deudor, o caerle simpático por motivos ignotos, no sea sin embargo ni juez ni parte en el asunto objeto de la condena?
Lo han adivinado: ¡el indulto!
Ahora bien, de todos es conocido que no existe ninguna razón humana ni divina que justifique con un mínimo de coherencia que el señor Matas siga a estas alturas en la calle. Sin embargo ahí permanece a la hora en que escribo estas líneas, a pesar de que ha sido condenado hace ya muchas semanas ( y delinquido hace años). ¿Por qué? Otra vez adivinaron: porque espera sin mucha prisa que una sesión indeterminada de un consejo de ministros se pronuncie sobre sí elude o no la prisión a que ha sido condenado.
La siguiente pregunta cae por su propio peso ¿Y qué coño tiene que decir un consejo de ministros respecto a la entrada o no de un condenado en la cárcel? La respuesta es llamativamente clara si elegimos el ámbito de la equidad como referente: no debería tener nada que decir.
A pesar de ello, los distintos gobiernos tanto de izquierdas, como de centro o derechas, se han cuidado muy mucho de desmantelar el chiringuito de los indultos como si ese insulto al ciudadano en forma de chanchullo fuera una imposición divina o un atávico instrumento irrevisable.
Puede que el comportamiento (tan popular entre nuestros presidentes) de aceptación acrítica de la burda herencia se deba a que los usuarios del privilegio no se hayan fijado en lo contrario que resulta al principio de igualdad de todos ante la ley. O puede que habiéndose dado cuenta cabal de esta circunstancia, suceda que el despreciable uso de tal herramienta proporcione un enorme gustirrinín a quien lo practica, en virtud de la (al parecer golosa) capacidad que le brinda de reírse de la justicia, sin necesidad de dar cuentas a nadie.
También puede que algún abnegado primer ministro sostenga que el indulto ha de existir como último resorte protector del indefenso ciudadano frente a incongruencias de la justicia. Estando plenamente de acuerdo con vuecencia en lo referente a proteger al pringado injustamente tratado, se me ocurre empero un medio mejor, aunque me temo que no sea de su agrado, ya que le privaría a usted del preciado resorte, tan útil para sentirse omnipotente mientras devuelve favores.
El tal sistema consistiría en dotar al defensor del pueblo de la prerrogativa de, siempre en coordinación con el poder judicial, revisar aquellas condenas que se sospechen inadecuadas a la vista de datos conocidos a posteriori del proceso, y que no sean subsanables por medios legales habituales, o revisar casos en que la justicia, al llegar tarde, caiga en contradicción con el sentido común, u otras incidencias que la razón señale. Estas nuevas condiciones «indultivas» ,menos turbias, quizás desanimarían a ciertos personajes (que nada tienen de infelices desprotegidos) en sus intentos de eludir sus condenas con la nauseabunda desfachatez que vienen exhibiendo.
