El nuevo modelo de financiación para los consells insulars -que viene a sustituir una ley del 2002, pendiente de actualización desde 2007- ha suscitado recelos y discrepancias en Eivissa. A pesar de que los criterios y la distribución de recursos ha sido pactada por el Govern con los cuatro consells, en las Pitiusas no ha sido bien recibida e incluso denuncian una supuesta e inexistente marginación que sufre Eivissa frente a Menorca.
Esta crítica gratuita se fundamenta en un único argumento: que Eivissa, a pesar de contar con una población que es superior en un 30 por ciento a la de Menorca, sólo recibe un 9 por cinto más de dotación económica. A partir de esta absurda regla de tres surge la discrepancia, que no tiene en cuenta otros indicadores, esgrimidos -con justicia y habilidad- por el Consell de Menorca durante el proceso de negociación. Así, además de los criterios demográficos, se ha valorado el desempleo; la dispersión de la población, la superficie forestal y los terrenos protegidos. Un conjunto de datos que refleja la realidad de cada Isla.
Menorca precisa hoy de mayor financiación para impulsar la reactivación de su economía, lastrada por unos años de recesión en las actividades productivas.
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