Con su doble naturaleza político-administrativa: instituciones autonómicas y también entes de administración local, los consells carecen de un marco legal que garantice su financiación.
Hasta ahora sus recursos se nutren, en gran medida, de las cantidades que, mediante anticipo, aporta el Govern de la Comunidad Autónoma. Este sistema no garantiza ni el eficaz funcionamiento de los consells insulars ni la prestación de los servicios que atienden.
Cuando el Govern inicia la tramitación del proyecto de ley de presupuestos del 2014 también debe afrontar y dar respuesta a lo que constituye una asignatura pendiente con una Ley de Financiación de Consells Insulars que aporte estabilidad a sus ingresos anuales y les permita participar en la evolución de los ingresos autonómicos.
Al mismo tiempo, esta ley permitirá actualizar los costes de las competencias transferidas, que en la actualidad se calculan según los costes de 2002.
Durante estos once años han experimentado notables variaciones. Los presidentes de los consells han de ejercer su capacidad de presión política para conseguir esta ley. Santiago Tadeo, en Menorca, debe liderar esta reivindicación y obtener resultados.
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