Un informe redactado por una comisión de expertos sobre la reforma de la Ley de Planta y Demarcación Judicial abrió las puertas a la posibilidad de que se puedan cerrar sedes judiciales en Menorca, como consecuencia de un proceso de centralización en Palma. Este informe motivó preocupación entre los funcionarios y profesionales de la Administración de Justicia, así como en el Consell insular, que expresó su desacuerdo.
Ahora, la subdirectora general del Ministerio de Justicia, Isabel Tarazona, en respuesta a un acuerdo aprobado por el pleno del Consell el pasado 15 de julio, descarta el cierre de juzgados en Menorca, pero admite que «se trata de adaptar el mapa judicial a la realidad demográfica, económica y social actual para ganar flexibilidad y optimizar los recursos existentes».
Tras aclarar que «no es un texto del Ministerio», Tarazona insiste en la creación de juzgados provinciales, excepto en Madrid y Barcelona. Es preciso insistir para mantener los juzgados en Menorca, en los distintos órdenes jurisdiccionales, plenamente justificados y operativos por el hecho de la insularidad. Balears no es una región de tierra continua y por tanto deben respetarse los juzgados en cada isla.
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