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En el país de Alicia seguro que se hace realidad la maravilla de levantar un hotel de cinco estrellas con el dinero de todos sus contribuyentes. Eso sucederá en Son Bou. El Consell indemniza con 28,8 millones de euros a Cesgarden por un error de bulto en la gestión de las consecuencias del PTI y la empresa recupera su proyecto de hace trece años para construir un conjunto residencial de lujo de 600 plazas y club hípico. Además, el Consell debe pagar el coste de los terrenos destinados al proyecto antiguo-nuevo. Yademás debe abonar al Ayuntamiento de Alaior el valor del 10 por ciento de cesión obligatoria. Ytambién los honorarios de los arquitectos.

Sin la más remota aspiración de ejercer de juez, y a simple vista, parece que la sentencia que establece todos estos derechos por un hotel que solo se proyectó, en el año 2000, sería quizás posible en un mundo imaginario donde los billetes tengan la cara del conejo del país de las maravillas. Si no fuera porque al lado de los millones de euros que el Consell ha de abonar aparece la firma de un juez, menorquín, parecería una historia increíble.

Algo deberíamos aprender del caso Cesgarden. Seguramente, que es mejor que un hotel de lujo lo paguen sus promotores privados, que no edificarlo con recursos públicos;que un hotel de categoría no es un virus, sino una oportunidad; que reconocer los errores puede hacer perder algún voto, pero también ganarlo; que los contenciosos judiciales por errores de ordenación del territorio pueden ser mejor negocio que construir y gestionar un establecimiento hotelero.

Cesgarden es un problema de falta de visión. La de entonces, de quienes analizaron el caso y se equivocaron y la de ahora porque es probable que si se pudiera volver al pasado tropezaríamos con la misma piedra.

Y mientras, un informe público que debería explicar qué nos pasó está guardado en un cajón del Consell por motivos estratégicos.