Vivimos en unas islas y somos unas islas. Esta es nuestra singularidad, con los atractivos y dificultades que comporta. Pero soportamos unos sobrecostes que deben ser asumidos íntegramente por los poderes públicos, vía Presupuestos Generales del Estado y también a través de los instrumentos de cohesión de la Unión Europea.
Los menorquines, por el mero hecho de residir en un territorio insular, no debemos sufrir ningún agravio comparativo ni discriminación respecto a quienes viven en territorio continental. Pero las familias y las empresas de Menorca conocen los gastos que comporta la insularidad. Es una cuestión de Estado para un territorio que aporta más de lo que recibe; que carece de autopistas y de líneas de AVE; y donde dependemos de la conectividad, léase el transporte aéreo (los aviones son nuestras autopistas) pero también cuentan las comunicaciones marítimas.
Todos los esfuerzos para la promoción turística y la reactivación económica no obtendrán buen resultado si no podemos competir en igualdad de condiciones. Corresponde al Consell insular tomar la iniciativa para liderar una reivindicación clara y contundente que apoyarán todos los menorquines.
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