Rigor y transparencia en los contratos directos

La contratación directa de trabajos por parte de las administraciones sin necesidad de convocar concurso público, siempre que no se supere el límite de 18.000 euros, es una práctica legal y frecuentemente utilizada para evitar la lentitud burocrática. Sin embargo, se puede caer en el abuso de un hábito que permite una mayor discrecionalidad y que si se efectúa sin el rigor y transparencia necesarios puede levantar suspicacias sobre la realización de 'trajes a medida'. La polémica surgida en torno a que el anterior equipo de gobierno de izquierdas del Consell dedicara 93.000 euros a encargar seis contratos al borde de las elecciones o estando en funciones plantea como mínimo dudas sobre las formas y los tiempos utilizados. El hecho de que las contrataciones coincidieran con la crisis económica obligaba a valorar la rentabilidad social de los encargos que se pagaban con dinero que llegaba de Madrid. Por otra parte, el actual Ejecutivo insular del PP además de cuestionar lo ocurrido ha de dar un paso adelante, más allá de la mera denuncia pública, si cree que se ha cometido algún tipo de irregularidad. Para ello tiene dos vías: la solicitud de responsabilidades políticas o acudir a los juzgados.