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La temporada turística está en marcha y las deficiencias en la calidad del agua en determinadas zonas de la Isla persisten un año más. Desde las diferentes administraciones se ha actuado en varios aspectos como la mejora de las urbanizaciones, la limpieza de las playas, campañas de imagen o la oferta de nuevos productos a los visitantes, pero sigue sin encontrarse una solución a este mal endémico, que además afecta por igual a la población residente. De hecho, se han detectado siete puntos negros y ocho más con defectos. Algunos establecimientos hoteleros han tenido que realizar inversiones para paliar esta precariedad en el suministro, mientras que los particulares acuden a la compra de agua embotellada o a la instalación de dispositivos de osmosis. Todo ello, resulta incomprensible cuando Menorca dispone desde el verano de 2010 de una planta desaladora en Ciutadella lista para entrar en funcionamiento y cuyo coste ascendió a 23 millones. Esta realidad demuestra una incapacidad política para desbloquear un proyecto que contribuiría a la mejora del servicio, precisamente allí donde más falta hace. El tiempo pasa y la puesta en marcha de la desalinizadora sigue sin desbloquearse. Es hora de hacer un esfuerzo para acabar con esta situación.