Obediencia indebida

Los subordinados cumplen órdenes. "El jefe, siempre es jefe aunque mande mal", es norma de aceptación consuetudinaria. Cuando esos mandatos se apartan del régimen laboral o castrense, negarse a cumplirlos es problemático. Máxime en época de crisis y de reestructuraciones empresarias.

Es lógico suponer que no fue el dueño ni el director de la casa matriz o sucursal quien marcase el número y largase recomendaciones que pudieran desencadenar la tragedia. Si la suposición es errónea, mal; pero si habló un empleado, peor. A esta tarea de acoso y derrumbe también se suman empresas de cobro a morosos que ponen la cara colorada a los deudores y les hacen pasar vergüenza ante los vecinos. En cualquier caso, jerárquicos o mandados, fatal: mueren personas por obediencia indebida. Aún con atenuantes, tienen responsabilidad indirecta. Hay principios éticos que se anteponen a cualquier orden que los vulnere, o atente contra la vida: el valor máximo. No es cuestión baladí estas reflexiones. Los desahucios causan el 34% de los suicidios en España.

En aplicación de la obediencia debida, concepto militar por el cual los subalternos se limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores, los jefes de la Dictadura Militar argentina causaron miles de víctimas y de desaparecidos. La Justicia tarda en imponerse, pero a veces llega: 27 años después, en el 2003, en aplicación de la jurisprudencia en materia de Derechos Humanos, el Congreso de la Nación declaró la nulidad de la Ley de Obediencia Debida y aplicó las sanciones que correspondían.

En España la vivienda y la propiedad privada son derechos constitucionales. Cualquier iniciativa que los toque, aún tangencialmente, sobre todo interviniendo entidades financieras, es sumamente delicada. Con la banca hemos topado Sancho: han sido necesarias casi millón y medio de firmas, recogidas por Iniciativa Legislativa Popular (ILP), para que el Parlamento admita a trámite el sistema de desahucios.

De vuelta la pelota inmobiliaria en terreno político. Siguiendo la costumbre, los congresistas patearon al tejado la Dación en Pago y los bancos golearon con el Código de Buenas Prácticas. Éstos son tan benévolos que ni el "umbral de exclusión familiar" (todos los componentes en paro) es suficiente para continuar bajo el mismo techo.

Desde las antípodas, el Dictamen del Tribunal de Justicia Europea señala la ilegalidad de los desahucios en España y el Reino Unido investigando al Santander por no informar bien a los clientes, marcan un camino

El resultado desastroso de la iniciativa legislativa mencionada agravó, en corto tiempo, los acontecimientos, lo que obliga a replantear casi todo. En primer lugar determinar la responsabilidad de los bancos en la crisis, que la asuman, y pautar el rol que en ésta desempeñan. El clamor popular cuestionando sus prácticas abusivas se traduce en manifestaciones masivas y en nuevas organizaciones de base que se suman a miembros y asociaciones de juristas. Ni el Sindicato Unificado de Policía permanece al margen. Aquí las entidades financieras continúan pasándose en demasía. El banco o caja de toda la vida engañó con preferentes hasta a enfermos de alzheimer, rellenó test de idoneidad para vender productos tóxicos, prometió hacer banqueros con acciones a 1€, redactó cláusulas abusivas, deshonestas y mal intencionadas y amenaza con denuncias por chantaje a mujeres que, incansables, reclaman por créditos en letra microscópica.

Paradójicamente, en este contexto de abusos y corrupción se acerca la hora de la verdad. El 95% de los españoles respalda la dación en pago y los políticos tienen la gran ocasión, quizás la última, de empezar a revertir su desprestigio y demostrar con leyes claras, contundentes, no trileras, si están a favor de la elitista patria financiera o del mayoritario estado de bienestar.

La dación en pago es una cláusula legal en el ordenamiento jurídico español. Contempla la cancelación de la deuda hipotecaria pendiente si se entrega la vivienda o inmueble puesto en garantía. Si en virtud de esto, los bancos aceptan de las empresas naves, locales comerciales y fábricas, igual pueden recibir viviendas particulares. Acordando en la escritura que, en caso de impago de las cuotas hipotecarias, el banco se quede el inmueble y nos cancele la deuda, este "pacto marciano", así llamado por razones obvias, se haría terrestre y solucionaría los conflictos presentes y futuros.

La magnitud del problema social no plantea dudas. Con las manos limpias, entre la disciplina partidaria y las vidas que cuestan los desahucios, no cabe duda, ni obediencia debida. Votar por la dación en pago, es votar por la vida: el valor máximo.