La protesta forma parte de la vida cotidiana. El 'telediario' se llena cada día de protestas. Que merezcan una opinión positiva o negativa depende, en primer lugar de cada uno, pero también de dónde se produzcan y de su contexto. Una protesta en la plaza Tahrir de El Cairo o en Tian'anmen de Pekín suele merecer un cierto respaldo, mientras que una de nacionalistas vascos a favor de los presos etarras, provoca recelo y desconfianza, incluso desprecio por parte de algunos.
No hace falta hacer referencia a algo obvio, motivos para protestar hay de sobra. Sin embargo, a veces la queja se convierte en enfado, se dirige contra algún político y se transforma en insulto. Así increparon ayer en la calle a Dolores de Cospedal. Pero no solo miembros del Gobierno y del PP sufren los insultos. Tampoco Pérez Rubalcaba tiene fácil ir al cine o darse una vuelta por la capital sin que le maldigan.
Ayer mismo, en la concentración de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas se llamaba "sinvergüenzas" a los políticos. El insulto generalizado es fácil, el problema es cuando se personaliza, lo que ya no es una excepción.
La protesta forma parte de la libertad de expresión. Por eso no estoy de acuerdo con quienes afirman que los silbidos dirigidos al Rey en la final de la Copa de baloncesto deberían ser sancionados. La democracia ha de tener la fortaleza suficiente para encajar las protestas y evitar dar más motivos que las animen. Prohibirlas o sancionarlas no es útil para aplacarlas, sino un motivo para incentivarlas.
El límite está en el insulto, en la agresión verbal, de quien se olvida del motivo de la queja y desacredita a la persona. Los argumentos desaparecen y la razón se pone siempre del lado de la víctima.
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