Compromiso institucional y solidaridad ciudadana

La propia OMS calcula que alrededor del 15 por ciento de la población mundial, unos 650 millones de personas, vive con algún tipo de discapacidad, con frecuencia en silencio y al margen de la vida ciudadana. La discapacidad afecta a quien la padece directamente y a su familia, por lo que la comunidad relacionada con el problema se duplica y adquiere así una dimensión considerable. En conjunto, se trata, pues, de un segmento de la población al que tener en cuenta con prioridad desde la perspectiva de la igualdad de oportunidades, la integración y la cohesión social.

Esas son las cifras y el planteamiento de las instituciones frente a la discapacidad, resulta innegable reconocer los avances realizados desde los organismos internacionales y la legislación nacional. Las campañas de sensibilización y las disposiciones de apoyo han mejorado el enfoque y la atención de la discapacidad. Sin embargo, somos conscientes de que, a pesar del compromiso de la Administración en todos los niveles, hay un largo camino que hemos de recorrer todavía para alcanzar esa integración social plena, una sistema de oportunidades más justo y un trato más equilibrado.

La jornada de hoy, por tanto, nos recuerda a cuantos tenemos responsabilidades públicas la obligación de aplicar políticas en consonancia con esos principios. En nuestro caso, se apela a la construcción de una ciudad sin barreras arquitectónicas y accesible para todos, integración laboral de este colectivo, promoción de sus derechos, políticas sociales, transporte adaptado… y, en fin, la contemplación de esta circunstancia en todas las decisiones que tomamos y en las actuaciones que emprendemos porque la ciudad, el municipio, somos todos.

La jornada de hoy lanza también un mensaje a la población en general de concienciación y colaboración. El compromiso es de todos, nada que se propugne desde las instituciones tiene garantía de eficacia si no conlleva el acompañamiento y la convicción de la sociedad. Quiero decir con ello que, efectivamente, existe una guía de ayudas a la discapacidad y mecanismos oficiales de apoyo, pero alcanzar el objetivo de la autonomía personal requiere un plus personal, una aportación al alcance sólo de la voluntad y de valores como el compromiso y la solidaridad.

Hemos creado un estado del bienestar y con ello hemos traspasado al Estado todas las obligaciones que nuestras generaciones precedentes habían compartido desde una relación de buena vecindad. Hemos convertido la ayuda mutua y próxima en una reivindicación ante la Administración, nos hemos acostumbrado a pedir, y, ciertamente, resulta razonable y justo en muchas ocasiones. De lo que se trata en este caso es de la complementariedad, el apoyo económico es necesario y está codificado legalmente, pero de poco sirve sin el respaldo humano, cálido, de la mano vecina. Como reza el lema de este año, en este asunto hemos de caminar juntos.