La Ley de tasas puede crear situaciones injustas

El Ministerio de Justicia ha publicado en el BOE la nueva legislación sobre las tasas para el acceso y el recurso en la administración de Justicia, en los ámbitos de los procesos civiles, contenciosos administrativos, que afectan a la administración, y demandas sociales. Las causas penales siguen exentas. La oposición a esta norma ha sido unánime, con la excepción del Gobierno y del PP. Esta respuesta debería merecer una reflexión, antes de que se apliquen las tasas en el plazo de unas semanas. El Ministerio pretende más la recaudación de dinero que no la reducción de la litigiosidad, puesto que el coste de los abogados y las costas judiciales ya son motivos suficientes para que los litigantes se planteen cualquier recurso. Sin embargo, la tasa discrimina a los más débiles, obstaculiza por tanto la administración de justicia y puede crear situaciones inadmisibles. El Gobierno presume de ser el que más reformas ha llevado a cabo y en un menor plazo de tiempo. Sin embargo, debe valorar las consecuencias de cada una de las reformas. Para ello debe escuchar a la sociedad y a los profesionales con conocimiento de cada tema. La Ley de tasas no es un buen ejemplo sobre la forma de gestionar una reforma.