Las razones de configurar el Consell como gran ayuntamiento de ayuntamientos

Ocho han sido los puntos enfatizados en el desarrollo de mis argumentos

1- Reitero lo que es a mi juicio falta de percepción ciudadana de la realidad de unas Administraciones menorquinas que adeudan unos 120 millones de euros (de los que 37 millones corresponden al CIMe), vinculando dicha cuestión a la falta de hábito de nuestras AAPP de rendir cuentas: las páginas web municipales en el mejor de los casos contienen el presupuesto preventivo de años atrasados, nunca el liquidado que es el real, ni muestran la cuenta general (expuesta a la ciudadanía ' en papel' sin reclamo publicitario). La Delegación de Gobierno recoge todas las actas municipales sin que se conozca actuación alguna. El órgano fiscalizador, la Sindicatura de Cuentas de Baleares muestra a día de hoy tan sólo el Informe de las Cuentas del Consell del 2009, y ningún ayuntamiento de Menorca entre 2003-10 había presentado a dicho órgano sus cuentas en tiempo y forma en todos los años. Finalmente, la CAIB, a diferencia por ejemplo de la Generalitat de Catalunya, no aceptó en su día el ejercicio de la competencia de tutela financiera de los ayuntamientos, según se dijo 'por dotación insuficiente'.

2- En este sentido, la reforma no es una cuestión tan sólo de déficit y deuda (las cifras nuestras no son peores que las baleares o españolas) sino de legitimación democrática, funcionamiento correcto, prácticas presupuestarias ortodoxas, gestión eficiente y suficientemente fiscalizada por funcionarios de carrera que defiendan el interés público en la provisión y financiación de los servicios públicos.

3- Las situaciones son desiguales y es injusto tratarlas por igual, no sólo en el análisis sino también en las actuaciones legislativas gubernamentales. La problemática de Ciutadella, vista su deuda viva (por encima de 26 millones) y de acuerdo con su capacidad de generar ingresos, patrimonio y renta per cápita es diferente de la de Maó (19 millones, aunque son 22.4 los ya previstos para el final del 2012). Del mismo modo que la de Ferrerías (11.9) no es parangonable a la de Es Migjorn (0.5), pero con dificultad sin embargo éste último de suministrar servicios con poco más de 1.500 habitantes empadronados (y que el censo probablemente rebajará), con la gestión de una gran urbanización en su costa y expectativas ciudadanas a buenos servicios públicos y de calidad.

4- Punto aparte merece el CIMe: 37 millones de deuda, casi 6 de costes financieros y amortizaciones y un remanente de tesorería negativo de 8 millones. Y todo ello para una hacienda que se nutre de transferencias (con las que cubre 46 de sus 50 M de ingresos corrientes), una Ley de Consells que se tenía que haberse actualizado el 2007 y que ahora en el 2012 no puede ya suponer más si no menos recursos, a transferir por un Gobierno balear en peor situación financiera incluso que nuestro CIMe. Fuera del nivel 'conseller' un organigrama más técnico que político debería prevalecer entre otras razones, al no disponer Menorca con un capital humano que permita reemplazo de profesionales ni cesantías para personas cualificadas.

5- Proponer en positivo implica relativizar la situación municipal en acciones priorizadas y focalizar el reforzamiento y saneamiento del CIMe y sus 343 empleos efectivos. Ello pasa por analizar las posibilidades de apuntalar el Consell como Ayuntamiento de ayuntamientos. El hito político que supuso la creación del Consell para los menorquines se ha de acompañar ahora de su justificación económica como gestor eficiente de servicios locales mancomunados y consorciados. Economías de escala (costes medios a la baja con tamaño), de gama (complementariedades) y de red (coordinación) son para ello postulables. Pero requieren de una mayor capacitación por la vía de luchar contra la burocratización, o la externalización cuasimonopolísticas de dichos servicios concesionados. El CIMe, a diferencia por ejemplo del Consell de Eivissa tiene ya un recorrido importante de consorcios, aunque con luces y sombras: disciplina urbanística (con entradas y salidas políticas de algún ayuntamiento), playas, residuos urbanos y energía, bomberos, informática... con claro oscuros en la fracasada gestión recaudatoria y dudas de capacidad suficiente en recursos sociosanitarios y asistenciales, negociación de contratos de suministro eléctrico o frente a las grandes operadoras telefónicas. El gran reto de sostenibilidad y solvencia lo tiene hoy el CIMe y nos conviene a todos los menorquines sacarle todo su potencial.

6- Mientras, los ayuntamientos han de seguir con su saneamiento, que no es sino 'de sentido común': Saber con qué se cuenta antes de contratar, de qué financiación se dispone antes de gastar; cuanto se ha de apartar de los recursos propios para hacer frente a las deudas existentes antes de incrementar las con nuevas. Hoy Mahón apenas cubre tres cuartas partes de su gasto total con sus ingresos corrientes; de modo similar en el caso de Alaior, uno de los más transparentes en sus cuentas por el momento. La gestión de plantillas exige flexibilidad. La eficiencia en la utilización de los recursos debe impedir que partidas de capital efectivamente no sufraguen gasto corriente (nóminas!!) como ha sucedido recientemente. Las inversiones financiadas con deuda (algo a lo que hoy Ciudadela no puede acceder al no tener aprobado su plan de saneamiento) se han de dirigir hacia proyectos evaluados y con coste beneficio probado. Y nunca cabe una ampliación de plantilla sin contar con los recursos garantizados para hacer frente a dichos gastos sin cambios entre partidas coyunturales. Todo ello ya lo dice la Ley. Es el cumplimiento y las múltiples espitas para eludirlo lo que ha llevado a los ayuntamientos a la situación actual.

7- Pese al intento del denominado decreto Montoro de forzar la cesión de ciertas competencias a favor de diputaciones, o de impedir la prestación de algunas otras según techos poblacionales, y de quienes abogan como solución por un gran consenso entre los partidos nacionalistas españoles para la reforma de la ley de Bases de Régimen Local que 'obligue' a dicha cesión, no creo que sean éstos los caminos apropiados. El primero, al fiar a las Diputaciones, organismos de elección indirecta y menos fiscalizables por la ciudadanía que los entes locales, puede provocar lógicas reacciones antiprovincialistas desde la legitimidad democrática y constitucional. Lo segundo, el gran consenso, por la imposibilidad probada de que los dos grandes partidos no hagan prevalecer intereses electorales y de poder municipal respectivo, como ya aparece en prensa hoy mismo de rebelión municipalista contra la reforma. De modo que mi propuesta concreta es que los partidos que se confiesan realmente de obediencia menorquina firmen un gran pacto preelectoral, en el velo de la ignorancia de 'a quien' corresponderá gestionar 'qué', a favor de consorciar una serie de servicios de modo mancomunado a nivel insular para toda la legislatura, ofreciendo músculo financiero a la institución que representa a la totalidad de los menorquines.

8-La administración superior ha de impulsar y promover este tipo de planteamientos. Pero ello se ha de hacer con tanta premura como cuidado se pone en el empeño. Muchos conciudadanos lo están pasando mal por causa de una crisis que ellos no provocaron. Y en los recortes es bien conocida la tentación de centrifugar hacia otras administraciones la consolidación fiscal requerida. Cuando ello afecta al ámbito local, conviene recordar que incide normalmente en los eslabones más precarios de nuestra sociedad, que a menudo no cuentan con otro sensor y soporte que las redes de servicios locales.