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El PSOE ha anunciado su decisión de presentar mociones en todos los ayuntamientos para que la Iglesia católica pague el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, una iniciativa que pretende extender a las confesiones judía, musulmana y protestante, por entender que este beneficio "no es admisible" en época de crisis. El anuncio supone una nueva vuelta de tuerca a la polémica en torno a la financiación de la Iglesia católica. Más allá de la duda de hasta qué punto los votantes socialistas secundan esta iniciativa -imposible desconocer la contribución a la cohesión social de las confesiones religiosas y las entidades inspiradas en ellas-, sorprende que la promueva un partido que debería abanderar la igualdad y por contra, está apostando por discriminar a organizaciones religiosas respecto de otras sin ánimo de lucro. Es posible que las cuestiones hasta ahora mencionadas sean subjetivas. No lo es el "tempo". La iniciativa se propone precisamente ahora. Durante las dos anteriores legislaturas el PSOE ha gobernado este país y, aunque se resistió a reconocerla, también en tiempos de crisis. Quizás los asfixiados ayuntamientos a los que quiere hacer cómplices de este nuevo régimen fiscal hubiesen agradecido este planteamiento tiempo atrás. Debe ser que entonces la crisis era menos y los beneficios a según quien admisibles, o que la coherencia que permitirá recuperar el crédito a la clase política sigue brillando por su ausencia.