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El ritmo acelerado de las reformas por parte del Gobierno no ha incluido todavía la que ha de afectar a las administraciones públicas, con el doble objetivo del ahorro y de la eficiencia. Se avanzan algunas ideas que provocan reacciones, como la del Consejo de Europa de fusionar los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes, lo que afectaría a seis de los ocho municipios menorquines. No es sencillo definir cuál debe ser el futuro en el estructura de las administraciones públicas. El proceso de descentralización parece contrarrestarse ahora con una tendencia a la concentración. Además, los criterios económicos se imponen sobre los políticos. Se calcan análisis privados para aplicar a las instituciones públicas, con la intención de que se midan por su eficiencia y no por su proximidad o representación. En el caso de Menorca, nuestra primera institución, el Consell, debería tener más futuro que pasado, incrementando su capacidad, mediante la cesión de ámbitos de gestión del Govern y de los ayuntamientos. Poner en marcha nuevos consorcios, en los que se justifique el ahorro y la mejora de la gestión, ha de ser una prioridad. Esta reforma de la administración es un proceso, que se recorrerá paso a paso y que no se puede llegar al último sin pasar por todos los demás.