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Los empresarios se han envalentonado. La reforma laboral les ha dado alas. Ahora cuestionan la actitud de los parados. El presidente de la CEOE, Juan Rosell, señala que los desempleados calculan cuándo aceptar o no un trabajo en función de lo que les queda de subsidio. Hace unos días uno de sus colegas propuso que quien rechace una oferta se quede sin prestación. Olé. Dos cuestiones. La primera. Las actitudes fraudulentas o abusivas, como las que sin duda llevan a cabo un buen número de desempleados que se apalancan al SOIB o se fijan a priori un tiempo de paro, no se combaten cambiando las normas sino persiguiendo al que lo hace mal. Porque si lo hiciéramos siempre así, los usos fraudulentos que algunos empresarios han hecho de ayudas de distinto pelaje y de bonificaciones contractuales también deberían conllevar la suspensión de las mismas. De esto, el señor Rosell no dice nada, cuando pillos parasitarios hay en todas partes y lo que hay que hacer es mejorar el sistema para atajarlos, no destruir el sistema. No se puede fumigar con una bomba atómica. Segunda cuestión. El paro no es una limosna. Cada mes a todo asalariado regular, porque los empresarios también emplean a personas de forma irregular, ¿o no, señor Rosell?, se le retiene una parte de la nómina. Una parte de esta parte se reserva para el paro, por si un día este u otro trabajador tiene la desgracia de quedarse sin trabajo. Es una aportación solidaria y previsora. Lo que a muchos les ha faltado. ¿O no, señor Rosell?