El céntimo sanitario: un acto de responsabilidad ineludible

De todos es sabido, que la Comunidad Autónoma de las Illes Balears es, además, una de las que menor gasto per cápita invierte en sanidad, siendo además un factor agravante, la dispersión geográfica que supone el contar con cuatro islas y el elevado gasto en transporte sanitario aéreo urgente.

Además, la Comunidad Autónoma, es un polo de atracción turístico, por lo que cada año disfrutan de sus vacaciones un total de 10 millones de turistas extranjeros en su mayoría de nacionalidad británica y germana, por lo que disponen de la tarjeta sanitaria europea al ser miembros de la Comunidad Europea, lo que les da derecho a la asistencia gratuita en los centros de salud y hospitales públicos de las Islas.

Según los últimos datos aportados por el Govern de les Illes Balears, el presupuesto de la Conselleria de Salut para este año 2012, deberá reducirse en 206 millones de euros respecto al año anterior, situación que sólo será posible con una drástica reducción de plantillas y de prestaciones sanitarias, lo que hará totalmente insostenible el poder ofrecer una asistencia sanitaria de calidad a nuestros conciudadanos y visitantes.

Ante este panorama desolador, sólo cabe preguntarse qué posibilidades nos podríamos plantear para mejorar la situación y sobre todo, que están haciendo otras Comunidades -que invierten, ya de entrada, un importe por habitante muy superior al nuestro- con el objetivo final de no quedarnos a la cola en financiación sanitaria.

Hasta ahora, desde el año 2007, seis comunidades autónomas- Galicia, Madrid, Asturias, Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha y Cataluña,- gravan con un impuesto, las ventas minoristas de hidrocarburos: el llamado "Céntimo Sanitario".

El "céntimo sanitario", es la aplicación del tramo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos y es de carácter voluntario (no así el estatal, que es obligatorio).

Desde enero de 2012, otras cuatro comunidades,- Andalucía, Extremadura, Murcia y Castilla- León-, han implantado el gravamen en sus comunidades con el objetivo de ayudar a financiar una sanidad cada vez más precaria, haciendo así partícipes a todos los ciudadanos de un objetivo común como es el dotar de los medios sanitarios suficientes y necesarios. Comunidades como podemos comprobar, de distinto color político y gobernados por diferentes formaciones políticas.

De hecho, otras dos comunidades, como son Cantabria (con una recaudación prevista de 30 millones de euros) y el País Vasco (supondría unos ingresos extras de 100 millones de euros), tienen ya sobre la mesa la propuesta y es objeto de discusión para su aplicación inmediata.

Así vemos, que desde enero de 2012, sólo siete comunidades autónomas además de Ceuta y Melilla, no aplican la tasa por la venta de hidrocarburos en España y si lo adoptan Cantabria y el País Vasco, ya sólo serían cinco las exentas del gravamen.

No va a ser aquí donde vamos a alabar o a atacar la idoneidad de una medida como la implantación de una nuevo impuesto en una sociedad cada vez más castigada por impuestos, ni vamos a valorar si nos parece bien o mal. Lo evidente es que es una necesidad y su aplicación es inevitable, más pronto que tarde.

¿Y en las Illes Balears, qué supondría la implantación del céntimo sanitario?

Suponiendo que se aplicara la tasa máxima de 4,8 céntimos por litro, se recaudarían aproximadamente unos 80 millones de € al año. O lo que es lo mismo, se podría sufragar el gasto que supone la financiación en materia sanitaria de toda el Área de Salud de Menorca, por ejemplo. O dicho de otra forma, contribuiría en algo más del 6% del presupuesto de la Conselleria de Salut i Consum.

Además, significaría una aportación indirecta por parte de los millones de turistas que visitan nuestras islas y que conducen por nuestras carreteras, con lo que se podría paliar, en cierta forma, el consumo de recursos sanitarios que utilizan.

Pero también es importante tener en cuenta, que la gestión del céntimo sanitario, es sencilla y su implantación no supone ningún cambio recaudatorio ni utilización de sistemas de captación, siendo posible su aplicación de forma inmediata.

El cambio y la aplicación del impuesto, supondría para el ciudadano de las islas, un aumento en el precio del gasóleo y gasolina, que rondaría un 3,5%, lo que aparentemente no supone una presión fiscal excesiva, comparado con el encarecimiento del 50% que han experimentado los precios del gasóleo y la gasolina desde el año 2009 hasta hoy.

Para un ciudadano que quisiera repostar en una gasolinera llenando su depósito de combustible (unos 50 litros), eso significaría que pagaría 2,40 euros más en el importe total.

Por otra parte, aquellos colectivos que pudiesen sentirse perjudicados como es el del transporte de viajeros o mercancías, debemos decir que el tratamiento de este sector es dispar dependiendo de cada Comunidad. En algunas no se aplica la tasa y en otras cuentan con una tarifa reducida.

En otras comunidades, no se aplica la tasa sobre el gasóleo agrícola o de calefacción. Por lo tanto debería ser objeto de reflexión antes de su implantación.

No obstante, a pesar de la financiación extraordinaria que supondría la aplicación del impuesto, sería necesario un estudio profundo de la financiación sanitaria, que provocara cambios organizativos y estructurales, que debería contar, inexcusablemente, con la opinión y asesoramiento de los profesionales de la sanidad.

Así, en el momento actual, con la discusión sobre la idoneidad del copago sanitario, con defensores y detractores y dada la actual coyuntura económica y social, debería considerarse la necesaria y urgente aplicación del impuesto sobre hidrocarburos en la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, para ayudar a sufragar el presupuesto sanitario, evitar la sangría de rescisiones de contratos a profesionales, la reducción de las prestaciones sanitarias al ciudadano y como objetivo último y fundamental, garantizar una asistencia sanitaria universal, equitativa y de calidad.