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El tribunal Supremo ha desestimado el recurso del Consell contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia por el caso de los terrenos de Cesgarden en la zona de Son Bou. La sentencia es firme y por tanto se consolida el derecho a la indemnización por parte de los promotores. Los errores en la presentación del recurso, uno de los motivos de su desestimación, deberán merecer una explicación por parte del Consell. Al margen de si estaba justificado que el PTI protegiera una zona donde se podía construir un hotel y desplazara la expectativa urbanística, el hecho es que la Justicia obliga a la administración insular a pagar más de 16 millones, que podrían alcanzar hasta los 35 entre intereses y la compensación de otros conceptos urbanísticos. El caso Cesgarden ya fue polémico en el año 2000, con especulaciones sobre relaciones familiares de los propietarios con algún político socialista. Después se ha visto que los promotores se vieron perjudicados por una gestión más que cuestionable de las autoridades y del Ayuntamiento de Alaior. Nunca llegó a desarrollarse el proyecto turístico y se optó por la vía de los tribunales. Es probable que en este momento, los promotores ya no pretendan llevar a cabo acciones urbanísticas, sino cobrar un dinero que la Justicia les asigna. Va a ser un problema de muy difícil solución.