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Con el objeto de atajar la espiral de déficit en las cuentas públicas, cuyas tres cuartas partes lo generan las autonomías, el actual Gobierno del Partido Popular está preparando una reforma de la Ley de Estabilidad en la que se pretende obligar a las autonomías al establecimiento de topes máximos de gasto en sus respectivos presupuestos.

Penderá sobre las autonomías incumplidoras, la espada de Damocles de la amenaza de sanciones económicas. Multas que, paradójicamente, al tener que ser pagadas, aumentarán el déficit que se pretende combatir. La dinámica que se generará es la más genuina expresión de un círculo vicioso que pretende combatir el déficit con más déficit.Considerado el déficit como el saldo negativo que arroja el diferencial entre ingresos y gastos públicos, se precisa enjugar aquél acudiendo a la financiación que proveen bancos u otras entidades de crédito, o emitiendo deuda. En consecuencia: financiar el déficit significa endeudarse por su cuantía. Para poderse endeudar se precisa un prestamista (banco acreedor) y un prestatario (Comunidad Autónoma deudora).
En este caso, las autonomías serán quienes sufran el perjuicio de las multas que deban pagar como consecuencia de los mencionados déficits en que incurriesen, es decir, los ciudadanos seremos quienes deberemos pagar tales sanciones.

Si tenemos en cuenta, además, que la banca obtiene beneficios por prestar el dinero a las autonomías, parece más lógico que el Gobierno del Partido Popular aprovechase la inminente reforma de la Ley de Estabilidad para obligar a la banca, con carácter preceptivo y previo a la concesión de préstamo alguno a cualquier autonomía, a analizar la solvencia de ésta. De manera que, si la eventual concesión del préstamo pudiese comportar que la autonomía sobrepasara el techo de gasto, la banca tuviese prohibido –por ley- la concesión de tal préstamo; debiendo recaer sobre la banca y no sobre las autonomías (léase ciudadanos) la sanción oportuna. Pues se entendería como antijurídica la actitud de la banca concediendo préstamos a tales autonomías.

Al mover la espada de Damocles de las sanciones económicas desde las cabezas de los ciudadanos hasta las de los banqueros, la eficacia de la nueva Ley de Estabilidad saldría reforzada. La razón es simple: si quienes prestan el dinero para ganar ven que pueden perder, dejarán de prestar en estos casos, y, las autonomías no encontrando financiación, no podrán endeudarse, con lo que los contribuyentes no acabaremos pagando las multas.

Pero, como es propio de un Gobierno croupier neoliberal, la banca siempre debe ganar pues en esta economía de casino, ya estamos los contribuyentes para perder. Hagan juego señores!!