Entre poc i massa...

Sa mesura passa". Me asalta con su ponderada sabiduría este dicho menorquín cuando veo la imagen del cartel que cuelga en la redacción de IB3 de la que se hizo eco "Diario de Mallorca". "Por favor informar a todos los colaboradores, tertulianos, que las facturas o notas de colaboración han de ser en castellano. Si no admón. las echará para atrás. M gracias" reza el papel escrito a mano. Si la consigna es tal, si no se trata de una ocurrencia-trampa para echar leña al fuego siempre ardiente de la cuestión lingüística, el Govern se está pasando de rosca. Nada impide que un equipo de gobierno varíe la política lingüística del territorio que rige. Pero nada justifica tampoco que se obligue al administrado a usar una lengua concreta en una comunidad autónoma cuyo Estatuto promulga en su artículo cuarto que "las instituciones de las Illes Balears garantizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas". ¿No es normal que alguien facture sus trabajos en catalán si es el idioma que usa habitualmente? ¿A qué viene caer en la ilegalidad y, en este caso, en el ridículo más espantoso, por tratarse de un tipo de documento en el que lo realmente importante no son las letras si no los números? Cabe esperar que el mismo celo con el que se pretende controlar cómo se escriben las facturas se haga extensivo a la pertinencia y cuantía de las mismas. Así, aunque nos carguemos la riqueza que supone contar con distintas modalidades lingüísticas, atajaremos la corrupción.