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El Govern está desesperando a los proveedores por la demora en el pago de las facturas y a la sociedad por la presentación gota a gota de cada nuevo recorte. Ayer se anunció que no se contratarán interinos y que se eliminan las horas extras y pluses de productividad. La aportación a los ayuntamientos por el Plan de Obras y Servicios se reduce al 25 por ciento. El programa de vacaciones entre islas para jubilados se elimina. La lista de ejemplos es extensa. Mientras, la falta de dinero hace temer por el pago de las nóminas de organismos y servicios públicos. A pesar de ello, el margen para criticar que tiene la oposición que antes gobernó es muy pequeño. Las medidas que ahora se toman no son un capricho de los nuevos gobernantes sino una necesidad que ya existía mucho antes de las elecciones y que merecía un plan de saneamiento más serio, que Madrid aceptara. De todas formas, en la actual situación tampoco sería admisible que la convocatoria de las elecciones del 20-N motivara estrategias que afecten a los plazos de pago a los proveedores. Bauzá cuenta con el plan de reequilibrio financiero aprobado y autorización para emitir deuda pública por 209 millones. Debería contar ya con el acuerdo con los bancos y empezar a pagar las deudas heredadas, que ahora son suyas.