Cuando parecía que el pleno del Congreso, en mitad de la canícula de agosto, iba a ser de trámite, Zapatero disparó con fuego real contra el estado del bienestar. La reforma constitucional, que fijará de forma inamovible en la Carta Magna el tope de déficit, si se cumple, obligará a las administraciones a severos recortes de las prestaciones sociales.
Rajoy apoyó, en un gesto sin precedentes, esta reforma deprisa y corriendo porque es un trabajo sucio que le quitan de en medio y que le hubiera costado más de un enfrentamiento con los presidentes autonómicos de su partido, obligados a partir de ahora a apretarse el cinturón de verdad.
Ante la peor crisis económica que se recuerda, y con cuatro millones de parados, Rajoy se ha negado de forma sistemática, y con un objetivo claramente electoral, a apoyar ninguna medida que supusiera un alivio frente al acoso de los mercados. Sorprendentemente, a un mes de la convocatoria electoral, acepta consensuar nada menos que una reforma constitucional exigida por Bruselas y que, de momento, solo existe en la constitución alemana.
El objetivo de déficit cero ha sido incumplido por todos los estados de la UE. A partir de ahora, cuando se apruebe esta reforma exprés, España va a estar en cabeza de cola en cuanto a severidad normativa contra el déficit.
La penosa diferencia es que este país no es Alemania. Aquí hay cuatro millones de trabajadores que han perdido su empleo, en torno a un millón de familias con todos sus miembros en el paro. Miles y miles que se han quedado sin su vivienda por impago de la hipoteca. ¿Quién les va a ayudar? Porque la crisis va para largo. Diga lo que diga Rajoy de que va a arreglar España en un plís plas. Sin crecimiento económico sostenido no se crean puestos de trabajo y ese es el verdadero drama.
La cara de estupor de los diputados socialistas reflejó bien a las claras que Zapatero había pactado la medida previamente con Rajoy, pero que a los suyos les pilló por sorpresa.
El mismo desconcierto manifestaron los representantes de los grupos minoritarios que han reclamado cambios constitucionales diversos en estos cuatro años de legislatura como quien clama en el desierto.
No hay certeza de que esta medida vaya a frenar en seco la desconfianza de los inversores internacionales sobre la deuda española pero, de cumplirse y debe hacerse como con toda norma que fije la Constitución, los duros recortes que se avecinan serán todavía mas dolorosos.
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