Tijeras gigantes para adelgazar la administración autonómica

En fechas próximas es posible que se disponga de información concreta sobre el alcance de la reforma de la estructura administrativa que deberá emprender el gobierno de José Ramón Bauzá para cumplir con las exigencias del líder nacional del PP. Desde Galicia, Mariano Rajoy ha insistido en la necesidad de contener el gasto público, acabar con las duplicidades, suprimir organismos y no incrementar las plantillas de empleados públicos.

Parece claro que una reducción de la estructura administrativa pasa por disminuir el elevado número de organismos públicos que dependen de los gobiernos autonómicos. Por lo que respecta a Balears, recuérdese que fue en la etapa de gobierno de Jaume Matas cuando se constituyó un mayor número de empresas públicas. Posteriormente, el socialista Francesc Antich proclamó su propósito de proceder a una más que necesaria reestructuración, aunque las urnas del 22-M le impidieron acometer a fondo tan encomiable tarea.

En la web del Govern balear se consigna la existencia de unos 125 organismos, entre servicios, institutos, agencias, fundaciones y consorcios, si bien la cifra debe ser mayor pues sospecho que buena parte de la información digital no está actualizada. Por cierto que en la mencionada web consta la existencia del Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella y la de otro consorcio de larguísima denominación: Consorci per al Desenvolupament d'Actuació de Millora i Construcció d'Infaestructures al territori de l'Entitat Local Menor de Palmanyola. ¿Permanecen operativos ambos consorcios?

En cuestión de duplicidades y empresas públicas habrá que proceder con mucho sentido común. En Catalunya, al presidente de la Generalitat, Artur Mas, no parece que le tiemble el pulso en su política de recortes. Pese a unas primeras protestas de diversos colectivos ciudadanos, Mas pretende mantener esa política con mano firme toda vez que ya se ha anunciado que la austeridad tendrá su correspondiente reflejo en los presupuestos para el próximo año.

De los 274 organismos públicos dependientes de la Generalitat catalana, se prevé que 64 se verán afectados por las tijeras del adelgazamiento de la administración autonómica. Como el conjunto de las administraciones públicas deberá adaptarse a la dura realidad de la crisis económica y convivir con ella durante varios años, bien está que no se demore la operación. Al ilustre y veterano veraneante de Fornells y a todos los gobernantes hay que exigirles, no obstante, que actúen con tiento y coherencia. Porque si de adelgazar se trata, seguro que puede reducirse la estructura de muchas empresas públicas, e incluso decretar directamente su supresión. No tiene sentido alguno, en cambio, que se incurra en unas incomprensibles duplicidades. El ciudadano de la calle no entiende desde luego que la Generalitat constituya la Agencia Catalana del Patrimoni Cultural si ya cuenta con una Direcció General del Patrimoni Cultural. ¿Cómo se explica esta duplicidad? ¿Qué argumentos políticos y administrativos avalan semejante decisión?

En fin. Dado que la crisis va para largo y no cabe esperar que puedan ejecutarse grandes inversiones, el Govern balear tiene que aprovechar el tiempo y aplicarse con el máximo rigor en la reducción de la red de organismos públicos; y decretar la supresión en cuantos casos sea factible. Y puestos a adelgazar, sería aconsejable asimismo revisar el listado del patrimonio inmobiliario que la Comunitat Autònoma posee en las cuatro islas y analizar las posibilidades para desprenderse de un buen número de inmuebles, sean en propiedad o en régimen de alquiler.