Irresponsabilidad de las administraciones

La situación económica de la Fundació de Persones amb Discapacitat de Menorca es una consecuencia del incumplimiento de los compromisos por parte de las administraciones públicas, con alguna excepción, como el Ayuntamiento de Sant Lluís. Sirva como ejemplo, que tres ayuntamientos no han pagado sus aportaciones a la Fundació desde que ésta se creó en 2008. La demora en el pago, principalmente por parte del Govern, ha llevado a esta entidad, que agrupa a casi todos los colectivos que trabajan por los discapacitados, a una situación muy complicada, una vez agotada la disponibilidad financiera. No solo faltan los recursos económicos para pagar las nóminas, sino que los proveedores -del catering social, por ejemplo- advierten que ya no pueden seguir suministrando materia prima. El coste financiero que ha permitido funcionar durante siete meses representa 120.000 euros al año que repercuten negativamente en el presupuesto y, por tanto, en los servicios. La continuidad de la Fundació no está en peligro, quizás deberá revisarse su coste y sus servicios, sin embargo las administraciones deben cumplir sus compromisos y no dejar que esta importante entidad sufra, más allá de lo razonable, las consecuencias de la crisis y de la mala gestión de las administraciones.