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El Govern y la sociedad balear se enfrentan a un reto histórico, el de superar la actual situación económica que tiene a la administración autonómica en una crisis de grandes proporciones. La deuda de casi 6.000 millones, con un pendiente de pago reconocido a proveedores de 1.100 millones de euros, y con un déficit público que a medio año ya supera (2,1) el máximo autorizado por el Gobierno (1,3 por ciento anual del PIB regional) plantean un panorama muy preocupante. El Govern de José Ramón Bauzá, ante estas grandes dificultades, está ganando una confianza ante Madrid, las entidades financieras y, quizás, ante los inversores, que debe servir para afrontar los obstáculos con valentía. Para ello, la sociedad deberá implicarse. El Govern no quiere subir impuestos ni recortar prestaciones básicas, aun así deberá reducir 380 millones de gastos antes de final de año. Por tanto, el esfuerzo de austeridad tendrá consecuencias: inversiones, solo las urgentes e imprescindibles; se van a promover privatizaciones; se eliminarán las subvenciones, salvo a las entidades sociales. Este es el panorama económico de Balears. Administraciones y sociedad civil habrán de actuar en consecuencia.