Hubo un tiempo en que ser funcionario era sinónimo de trabajo seguro, buenas condiciones laborales y nómina fija a final de mes. El desarrollo de un Estado del Bienestar con unos tentáculos cada vez más largos, la aparición de nuevas administraciones pendientes de rellenar como el Consell, un proceso de descentralización de competencias por el cual se avanza por un lado pero no se retrocede por el otro, y el hecho de nadar en la abundancia económica generaron un incremento muy considerable de empleados con cargo al erario público. Como champiñones aparecieron empresas públicas y organismos, habitualmente llamados institutos, agencias o un conjunto de siglas. Cada uno con su conserje, secretaria, asesor, coordinador y gerente, que bien podían ser colegas o allegados. Había dinero y la administración pública fue creciendo sin tener en cuenta los más elementales criterios de eficiencia y aprovechamiento máximo de los recursos. Cada funcionario llegaba para quedarse, y bien. Pero la cosa está cambiando. Los ERE no son ajenos a la administración pública, las nóminas se retrasan, el PP no tiene los complejos de la izquierda, no hay líquido, los recortes van en serio y el funcionario le ve las orejas al lobo de la crisis. El bote salvavidas del mercado laboral pierde aire.
El apunte
Sin bote salvavidas
01/07/11 0:00
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