24/06/11 0:00
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La planta desaladora de Ciutadella no sólo no funciona sino que los pleitos entre empresas que han participado en su construcción, el litigio que bloquea su acabado y la desgana con la que la Administración maneja el proyecto lo han convertido en un caso desolador, paradigma de indolencia en la gestión de los recursos públicos. Siete años después de la adjudicación de las obras, éstas no han culminado ni nadie parece dispuesto a asumir la responsabilidad en torno a lo que se promovió como una iniciativa de solución al problema de abastecimiento de agua y que ahora se cuestiona por motivos de coste y rentabilidad.

El proyecto, cuya idea venía avalada por acuerdo unánime del pleno municipal, fue aprobado por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2003 y un año después se adjudicó su construcción por un presupuesto de 13,5 millones de euros para la obra civil. Es bien cierto que las condiciones de explotación con inclusión de las tarifas durante 15 años, que dispararon el presupuesto hasta una cifra final de 41,8 millones, complicaron el proceso, pero nada justifica que siete años después la planta ni funcione ni ofrezca expectativas inmediatas.