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El sistema sanitario público va a experimentar cambios de gran trascendencia en los próximos años, que van a afectar a la atención que actualmente reciben los ciudadanos. Son numerosas las actitudes políticas que pronostican este proceso. El debate sobre el copago o la posición de CiU de llegar a un pacto sanitario similar al de las pensiones o de limitar el acceso a la atención pública a quienes lleven más de seis meses empadronados son elementos que apuntan a este objetivo. Si se ha repetido que nada será igual después de la crisis, la aplicación de este axioma a la sanidad pública es evidente. El sistema actual parece insostenible a largo plazo. Los datos del déficit son alarmantes y también los de la deuda. La farmacéutica supera los 5.000 millones y a proveedores, 4.300 millones de euros. Es verdad que en Balears se ha hecho un gran esfuerzo por reducirlas y se ha conseguido, en un 8 por ciento, aunque el plazo de pago es de 488 días, 82 menos que a principios de 2010. El debate sanitario es de una enorme trascendencia porque se corre el riesgo de perjudicar a los grupos de personas más necesitados. Hay que pedir a los políticos, transparencia, sinceridad y un acuerdo estable.