El Plan Territorial, en el Tribunal Supremo

Cierto es que el PTI es un documento nacido sin consenso, pero su filosofía proteccionista impregna hoy el pensamiento de la sociedad menorquina y es asumida en su esencia por las distintas organizaciones políticas. Su vigencia, por tanto, además de plenamente legal desprende aceptación prácticamente unánime, lo que no quita legitimidad a las propuestas de modificación y adaptación que puedan producirse.

La segunda reflexión abunda en la seguridad jurídica tantas veces puesta en entredicho por los sucesivos cambios de planeamiento. Sólo una planificación a más largo plazo formulada desde un pacto general ofrece garantías de estabilidad, genera credibilidad entre la propia sociedad y estimula la inversión. Esa es una lección que ya debería regir la ordenación del territorio.