El Consell de Menorca ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que condena a la institución a una indemnización millonaria. Es uno de los 53 contenciosos con origen en el Plan Territorial Insular cuya digestión en los tribunales todavía mantiene incertidumbre, a pesar de la seguridad con la que ha soslayado hasta ahora la munición descargada en su contra.
Cierto es que el PTI es un documento nacido sin consenso, pero su filosofía proteccionista impregna hoy el pensamiento de la sociedad menorquina y es asumida en su esencia por las distintas organizaciones políticas. Su vigencia, por tanto, además de plenamente legal desprende aceptación prácticamente unánime, lo que no quita legitimidad a las propuestas de modificación y adaptación que puedan producirse.
La segunda reflexión abunda en la seguridad jurídica tantas veces puesta en entredicho por los sucesivos cambios de planeamiento. Sólo una planificación a más largo plazo formulada desde un pacto general ofrece garantías de estabilidad, genera credibilidad entre la propia sociedad y estimula la inversión. Esa es una lección que ya debería regir la ordenación del territorio.
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