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Mientras la Administración intensifica las inspecciones y controles para evitar la economía sumergida, con una mayor vigilancia sobre las personas que perciben el subsidio y que han tenido algún tipo de ingreso, se están anunciando ayudas económicas para aquellos parados de más de un año sin trabajo y que no tengan derecho a prestación alguna. Ayer, la consellera de Trabajo, Joana Barceló presentó la concesión por parte del Govern de ayudas de 452 euros durante seis meses a estas personas desamparadas. Esta colaboración será incompatible con los 400 euros del Estado y, por otra parte, obligará a realizar cursos de formación, una de las formas de control y al mismo tiempo de posibilidad de acceso a un puesto de trabajo. El Gobierno ha sembrado dudas sobre este tipo de prestación. Se planteó como una ayuda puntual de 426 euros, que finalizaba en agosto pasado, aunque se prorrogó porque la problemática que la hacía necesaria no había desaparecido, sino que se agravaba. En diciembre, cuando el presidente anunció las medidas anticrisis incluyó la eliminación de este gasto social, quizá el más sensible. Ahora se aprueban otras ayudas similares, que siguen siendo necesarias. Si no generan tantos cambios, mejor.