La noticia fue difundida por la agencia Europa Press la víspera de la visita que Artur Mas realizó al palacio de La Moncloa con el propósito de negociar con José Luis Rodríguez Zapatero la autorización para que la Generalitat de Catalunya pueda emitir más deuda pública. La noticia en cuestión aseguraba que la Generalitat gasta cada año 10,3 millones de euros en concepto de alquiler de tres edificios que albergan las sedes de sendas consellerias del gobierno catalán. De la mencionada cantidad, casi cinco millones se destinaron a abonar el arrendamiento de la mitad del Palau de Mar que ha de acoger la Conselleria de Bienestar Social y cuyo traslado todavía no se ha hecho efectivo. Por otra parte, a 4,7 millones asciende el alquiler de la sede de la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad. Como el edificio que ocupa esta conselleria es propiedad del Institut Català de Finances, el dinero que se paga se mantiene en las arcas de la Generalitat. En cuanto a la Conselleria de Gobernación y Relaciones Institucionales, el alquiler del edificio situado en Via Laietana supone el desembolso de 650.000 euros.
La información de Europa Press que aquí se comenta añadía que el gobierno de Artur Mas está dispuesto a rentabilizar el patrimonio de la Generalitat y de entrada ha anunciado la realización de un inventario de todos los bienes para poder hacer efectiva su rentabilización. En consecuencia, Artur Mas no debería demorar las acciones necesarias para reducir al máximo el millonario gasto que conlleva el alquiler de inmuebles destinados al funcionamiento de la maquinaria administrativa de la comunidad autónoma catalana.
Antes de que se consumara su victoria electoral, el presidente Artur Mas ya se pronunció a favor de la aplicación de una política de austeridad y de reducir el número de consellerias. La acción de adelgazar los equipos de gobierno y los órganos de la administración pública no debería estar supeditada ciertamente a los ciclos de crisis económicas; más bien sería aconsejable que fuera una norma de obligado cumplimiento, con independencia de la coyuntura económica. Porque transcurridas tres décadas de la implantación del Estado de las Autonomías, es de todo punto insostenible e insoportable que persista tanta alegría y tanto despilfarro en la administración de los dineros públicos. Y lo dicho sobre el caso catalán debiera servir también para recordar la realidad existente en las restantes comunidades autónomas, incluida por tanto Balears. Así, cabe preguntarse cuánto dinero ha tenido que dedicar el Govern balear, desde principios de los años 80, al capítulo de alquiler de inmuebles para sus consellerias y sus correspondientes oficinas administrativas ubicadas en Palma y en otras ciudades de Mallorca, las Pitiusas y Menorca. Dado que los gobiernos del PSOE abogan últimamente por la transparencia, se agradecería que el conseller de Economía y Hacienda, Carles Manera, facilitara la pertinente respuesta. En cualquier caso, a buen seguro que la partida de millones gastados ha sido muy elevada.
Si las cifras arriba desglosadas todavía escandalizan al ciudadano de a pie, igualmente escandalosa ha de considerarse sin duda la suma resultante de los millones de euros que se han pagado en treinta años en el conjunto de las autonomías en concepto de arrendamiento de inmuebles para los más diversos organismos autonómicos.
En esta materia, en fin, las comunidades autónomas tienen una excelente ocasión para demostrar ante la ciudadanía si están dispuestas realmente a reemplazar el despilfarro por la austeridad.
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