Editorial
Los tránsfugas y el crédito de los políticos
Los partidos políticos parecen empeñados en seguir abonando el descrédito que tienen entre la ciudadanía, según refleja el propio sentir de la calle a través de las encuestas sociológicas. El último episodio ha tenido lugar esta semana cuando las dos principales formaciones, PSOE y PP, han finiquitado con bronca el Pacto contra el Transfuguismo, que tenía como objetivo luchar contra una de las lacras que tiene la democracia por lo que de engaño supone al electorado. El acuerdo entre socialistas y populares era loable, ya que tenía el objetivo de impedir una práctica amoral y en demasiadas ocasiones unida a la corrupción. El compromiso era no incluir a tránsfugas en las listas electorales municipales del próximo mes de mayo. Todo esto ha saltado por los aires a raíz del caso Benidorm, que afecta a un edil socialista. El PSOE estaba dispuesto a rectificar si el PP hacía lo propio en otros municipios. Al final, no ha habido más coincidencia que el intercambio de acusaciones en torno a una lista negra que, en este mandato, afecta a 59 alcaldes de diferentes partidos.
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