18/12/10 0:00
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El Pacto de Toledo parece estar a punto de abrir la puerta, por acción o por omisión, a la anunciada reforma del sistema de pensiones. Se anuncian dos medidas principales, la ampliación del periodo de cotización, que pasaría de los 15 a los 25 años, y el retraso de la edad para jubilarse a los 67 años. La primera reforma puede representar un ahorro al año para el Estado de 10.000 millones de euros. La segunda crea algunas discrepancias y matices, pero parece casi seguro que será aprobada. Es evidente que la aplicación de este sistema crea diferencias, entre un antes y después, y perjudica a quienes aspiran a cobrar una jubilación en base a las cuotas que han ido abonando durante sus años de empleado. A menudo cuesta comprender la necesidad del esfuerzo, sobre todo cuando cunde el paro y no es tan fácil mantener y prolongar la actividad laboral. Lo que se espera de la administración es que evite que se repitan desigualdades muy evidentes, porque no tiene sentido que en la banca y en empresas públicas se hayan alentado las prejubilaciones, con condiciones muy ventajosas mientras otros van al paro y a la cola de quienes buscan y no encuentran un empleo que les permita cotizar y un día poder jubilarse.