Una Constitución en estado de alarma

Hoy no es la Constitución la que está en estado de alarma, es España la que sí lo está, por culpa del conflicto aeroportuario. Y digo conflicto aeroportuario y no de los controladores aéreos, sencillamente porque nunca me posicionaré en contra de un colectivo de trabajadores, por muy buenos sueldos que cobren. Y no lo haré porque tras cada conflicto de un colectivo de trabajadores, tanto si son públicos como privados, suele haber un incumplimiento de acuerdos por parte de la empresa o de la administración. O una amenaza latente. O una pérdida de derechos. O una reducción de garantías sociales. O quizás un odio desenfrenado hacia los mismos….

Incumplimiento, dilación, rectificación o simplemente dejación de la palabra dada. Y contra todas estas argucias del poder, llámesele público o privado, que sí suele someterse a los designios del poder económico y/o a los simples intereses partidistas, particulares y electoralistas, al trabajador sólo le queda ejercer el derecho a una huelga controlada y todavía no reglada.

Una huelga controlada y todavía no reglada, no garantiza que el trabajador pueda conseguir sus objetivos, máxime si el empresario o la administración no tienen intención de negociar. ¿Qué acciones le quedan para ejercer al trabajador, cuando el patrono no atiende a sus razones? ¿Una huelga salvaje? ¿Un despido del empresario?

Y en tiempo de crisis, peor. Y más cuando el empresario a quien se dirigen las protestas, en este caso la administración, es en cierta medida culpable actual de la crisis. Responsable por su irresponsabilidad, por omisión de las políticas que debería haber tomado, por negación de una realidad, por acción de medidas equivocadas, por …en definitiva, incapacidad manifiesta para efectuar el trabajo por el que cobran tanto o más que muchos de estos trabajadores quienes airean sus protestas.

Alguien también podría acusar a los miembros del Gobierno, y cada una de las Asambleas parlamentarias, de estar haciendo dejación de funciones al no solucionar todos los problemas ciudadanos y estar cobrando suculentos emolumentos por ello. Y nadie ha pensado en militarizar a los mismos.

Y el problema es más serio de lo que parece. El decretazo de la declaración del estado de alarma en las torres de control, es una seria amenaza a todos los trabajadores. ¿Quién nos garantiza que ante una huelga de un sector determinado, no se encierre a los trabajadores en la cárcel por ejercer el derecho a la huelga? ¿Es así como pretende acallar el Gobierno las críticas a su mala gestión de la crisis? ¿Es así como pretende el Gobierno crear empleo?

¿Qué escondió el Gobierno en la reunión del Consejo de Ministros en la víspera de un puente tan ansiado por muchos españoles? ¿Hubo provocación? ¿Hubo mala gestión?
¿Es legítimo que un Gobierno, sin necesidad de solicitar autorización a las Cortes, pueda eliminar un derecho tan legítimo como el de ponerse enfermo? ¿Por qué no esperaron los informes médicos? ¿Qué esperan para legislar, tanto el Gobierno como las Cortes, una ley de huelga?

El sector aéreo está en estado de alarma. A este pulso entre controladores y Gobierno, todavía le quedan muchas jornadas para vislumbrar un posible vencedor. Los perdedores, quienes sí han pagado los errores e inaptitudes ajenas, han sido estos centenares de miles de españoles que han vivido su peor puente de la Constitución.

Y la imagen exterior. Y la economía doméstica. Y los derechos de los trabajadores. Y…
Y por cierto, ¿alguien ha visto u oído a nuestro presidente Rodríguez durante esta crisis? ¿O se había ido de puenting?