La desalinizadora, insular y necesaria

Cuando faltan sólo unos tres meses para que finalicen las obras de la desalinizadora, el Govern se muestra ansioso por resolver su gestión económica. Y no es para menos. Deberá pagar 8.000 euros cada día, sea cual sea la cantidad de agua desalada que se procese, se sirva y, por supuesto, se cobre. Nadie sabe todavía cuál será el precio del metro cúbico y aún así, el Govern exige al Ayuntamiento de Ciutadella que cierre pozos, para que descansen, y compre el producto de la nueva planta. La administración autonómica está muy preocupada porque deberá pagar 3 millones de euros durante quince años, y para reducir esta cantidad necesita vender toda la producción de agua desalada. Esta polémica no debe cuestionar la necesidad de la desalinizadora. Es una instalación útil, que ha de permitir una mejora de la gestión de los recursos hídricos. Recuperar los acuíferos, en cantidad y calidad, es una inversión de futuro. De todas formas, Menorca no va a contar con dos desalinizadoras, por tanto la planta de Es Rafal Amagat debe entenderse como una infraestructura insular. No tiene sentido que Ciutadella asuma en solitario el incremento de coste de una mejor gestión hídrica. Es necesario un proyecto para que el agua desalada llegue a la mayoría de poblaciones de la Isla.