Las desapariciones en Guatemala: Una lección a aprender

Escribir sobre las desapariciones forzosas en Guatemala para un ciudadano del estado español resulta en cierta manera paradigmático; mientras la ONU recrimina a nuestro país la falta de voluntad política de localizar las victimas de desapariciones forzosas durante el régimen dictatorial franquista, un país de los más empobrecidos de América latina tiene abierto un programa nacional de resarcimiento (PNR) y un incesante trabajo de organizaciones sociales con el objetivo de esclarecer la suerte que han corrido familiares desaparecidos durante el enfrentamiento armado que azotó el país en los años 60 hasta los 90.

En el informe de La Comisión para el Esclarecimiento Histórico y la Recuperación de la Memoria Histórica guatemalteca concluye que el registró de las víctimas del conflicto armado ascendieron a más de 200.000 y que el número desaparecidos se encuentra en torno a los 45.000 personas. Tres décadas después, las familias de las personas desaparecidas siguen queriendo conocer la verdad, porque no han perdido la esperanza, porque necesitan terminar con la incertidumbre y cerrar el duelo. Conocer la suerte que corrió un familiar desaparecido es un derecho reconocido por el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. El desafío consiste en que los Estados adopten y apliquen normas para brindar respuestas adecuadas a los familiares de personas desa­parecidas.

La ausencia del familiar dificulta la realización de los procedimientos legales y administrativos. En algunos casos, el familiar de una persona desaparecida no puede contraer matrimonio legal con otra pareja. Tampoco puede tramitar el documento de identidad de su hijo, cobrar una herencia o legalizar una propiedad. Todos estos trámites serían más sencillos si existiera la figura legal de "ausencia por desaparición". Muchas veces, los familiares optan por declarar el fallecimiento del desaparecido para lograr realizar estos procedimientos. Sin embargo, esta opción sólo provoca que el sufrimiento sea aún más grande para el familiar, pues a la incertidumbre se suma el sentimiento de culpa por negar la existencia de su ser querido.

El Estado guatemalteco creó en 2003 el Programa Nacional de Resarcimiento, cuyo fin es compensar a las familias que sufrieron a causa del enfrentamiento armado. Sin embargo, su ayuda económica es muy escasa y no está realmente enfocada en las necesidades de los familiares de desaparecidos.

De acuerdo con estudios realizados por CICR (Comité internacional de la Cruz Roja), en el área rural, sólo una de cada dos familias con una persona desaparecida ha iniciado alguna investigación. La mayoría de quienes no lo han hecho no lo hacen por miedo, o porque estén aislados, no lo hacen porque desconocen las instancias a las que pueden recurrir, o carecen de los recursos económicos para trasladarse, realizar los trámites o hacer las búsquedas.

Entre las organizaciones de la sociedad civil que han emprendido acciones para tratar de aliviar el dolor de los familiares de las personas desaparecidas cabe destacar el trabajo de CONAVIGUA (Coordinadora nacional de Viudas de Guatemala y el GAM (Grupo de Apoyo Mutuo), FAMDEGUA (Asociación Familiares de Detenidos –Desaparecidos de Guatemala) estas acciones se centran en la búsqueda de las personas, reencuentros familiares, exhumaciones, inhumaciones e identificación de los restos encontrados.

El trabajo de organización de las mujeres mayas por parte de Conavigua se inicia en los años 1985 con grupos de mujeres viudas de diferentes comunidades del país de la mano de la lideresa indígena Rosalyna Tuyuc. Originalmente se unen para sobrevivir y denunciar la política de represión, cuyos resultados fueron el asesinato y la desaparición de sus esposos, hijos, hijas y otros familiares, así como la violación sexual de mujeres mayas.

Sus primeros pasos, tienen sus raíces en las grandes injusticias, la exclusión, la discriminación, la pobreza y el sufrimiento ancestral de las familias y las comunidades indígenas, especialmente para las mujeres en su condición de viudas, fenómeno derivado de la baja expectativa de vida en Guatemala, agudizadas en la década de los ochenta por la represión, debido a que asesinaron o desaparecieron a cientos de esposos u otros familiares.

Las demandas en estos años se centraron en consecuencia, en promover la solidaridad de las mujeres viudas en cantones y comunidades de estos departamentos para buscar aliviar necesidades básicas, buscando ayuda y el acopio de víveres para madres e hijos.

En el período comprendido de 1989 a 1992 Conavigua se fortalece y amplía las estructuras de la organización y da inicio a la propuesta denominada Ley Al Servicio Patriótico Social Civil y Militar relacionada al reclutamiento militar forzoso y discriminatorio, se denuncian casos de violaciones sexuales, se activan las luchas contra las patrullas de autodefensa civil y comisionados militares. Se contribuye asimismo a la ubicación de cementerios clandestinos y da inicio a las primeras exhumaciones, donde se cometieron las grandes masacres en el conflicto armado interno.

A partir del año 1996 CONAVIGUA canaliza sus esfuerzos en el cumplimento de los Acuerdos de Paz, especialmente en lo referente a resarcimiento, unidad y dignidad de la mujer y desarrollo de las comunidades.

Es en esta visión de acompañamiento a organizaciones que luchan por la dignificación es que el STEI-i y la ONGD Ensenyants Solidaris, lleva más de 13 años acompañando el trabajo de Conavigua, no de manera directa en los procesos de búsqueda de desaparecidos por la dificultad de encontrar fondos para este tipo de proyectos, sino trabajando en procesos de formación de las mujeres mayas afectadas por el conflicto bélico; de esta experiencia hemos aprendido y mantenemos programas de solidaridad con las compañeras de Conavigua con el apoyo de diferentes entidades como son el Fons Menorquí, Fons Mallorquí, Fons Pitiús, Gobierno Balear y diferentes entidades privadas como OSCM (Obra Social Caja Madrid); también desde hace unos años diferentes docentes de las Illes Balears prestan su apoyo a procesos de acompañamiento a proyectos de alfabetización en cinco departamentos de Guatemala.

Enarbolar la Resistencia Pacífica Activa, como forma de lucha por parte de CONVIGUA, tiene un significado con pocos precedentes en las respuestas populares guatemaltecas y participar de este modelo de cooperación es para el STEI-i y para ONGD ES, un camino de aprendizaje para poder sensibilizar a nuestra comunidad sobre una cultura de valores más allá de la visión economicista a la que nos ha llevado el modelo actual neoliberal.
Es quizá una novedosa manera de aprender sobre el olvido de nuestra memoria histórica, sobre las dificultades que se dan para recuperarla; los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, deberíamos de aprender, de resistir y luchar como lo hacen organizaciones (CONAVIGUA) en Guatemala después de más de tres décadas de conflicto armado interno y su importancia trasciende a la actualidad, como un valor a consolidar, dentro de los afanosos esfuerzos por construir en el país una nueva cultura política y de paz.