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Una asociación de constructores ha puesto una denuncia a los amigos de la Illa del Rei por reformar caserones sin estar dados de alta como promotores inmobiliarios. El colectivo de arqueólogos profesionales se ha querellado contra Amics del Museu de Menorca por escudriñar yacimientos sin tener la papela correspondiente. Al GOB lo van a crujir las empresas de rutas turísticas por senderos por promover excursiones sin pagar los correspondientes impuestos al uso. Galerías de arte unidas van a por los organizadores de la Gran Migjornale por arrebatarles clientela con artimañas malévolas. Varios comercios de comestibles de marca blanca y restaurantes de menús baratos amenazan con llevar a Caritas a los tribunales por competencia desleal. Evidentemente, todo esto es ficción. Ficción, siempre y cuando no se meta por medio el Ministerio de Fomento, ente que permite con una tibieza exasperante que a los menorquines nos estrujen las compañías aéreas aprovechando su casi-monopolio, pero saca el sable con los pobres aficionados al vuelo del Aeroclub, que no hicieron más que fiarse del papel que les ponía delante el Consell, cuya firma debería ser suficiente aval de legalidad. Si no hay mala fe, si no hay lucro, y por contra hay un apoyo institucional, ¿a qué viene tanta multa? Contentos nos tienen en Madrid.