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La labor de vigilancia de incendios que, por acuerdo con el Consell, realizaban las avionetas del Aeroclub ha sido considerada una acción de intrusismo y, por consiguiente, sancionada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. La decisión de este organismo del Ministerio de Fomento, avalada necesariamente en buen derecho, causa perplejidad por cuanto ni había ánimo lucrativo en ese convenio ni parece que se perjudicara de forma directa a ninguna de las empresas asociadas en la patronal que lo denunció. El perjuicio surge en todo caso a raíz de la disminución del servicio de alerta de fuegos como consecuencia de la suspensión desde el año pasado de esta tarea y recae sobre la comunidad menorquina y su territorio.

Si injusta se antoja la sanción, la cuantía de la multa, superior al presupuesto anual del Aeroclub, resulta desproporcionada y una amenaza real para su supervivencia misma. El balance de la experiencia de vigilancia aérea durante los años que se ha llevado a cabo y el respaldo institucional a la misma constituyen dos razones más para cuestionar la sanción ministerial, que posiblemente ha interpretado como negocio una labor con evidente contenido social.