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El Parlament catalán ha decidido prohibir las corridas de toros en esta autonomía a partir de 2012. Sin entrar en el trasfondo político del acuerdo y en las interpretaciones sobre el momento en que se adopta, hay varias cuestiones que vale la pena analizar. Una es la tendencia de los legisladores a prohibir como una sistema profiláctico para actitudes de riesgo. Desilusionados sobre la capacidad de los ciudadanos de generar actitudes de convivencia, los representantes políticos ratifican leyes que limitan las libertades en aras del "bien común". Las normas sobre seguridad del tráfico y sobre el consumo de tabaco en espacios públicos son sólo dos ejemplos de una tendencia que crece y que se extiende por todos los ámbitos de todos los organismos con capacidad normativa, desde el Gobierno hasta los ayuntamientos.

Otro aspecto se refiere al valor que tiene el respeto a los animales y la importancia de evitar su sufrimiento. Existen ya numerosas leyes en este sentido. La sociedad y sus legisladores deberían mirar con los mismos ojos todo lo que afecta a las personas, desde las no nacidas con riesgo a no ser por causa del aborto, y las que sufren por la pobreza, la enfermedad, la marginación y que malviven peor que cualquier toro bravo.