El Congreso de los Diputados aprobó la semana pasada la Ley de Medidas contra la Morosidad, una iniciativa promovida por una plataforma empresarial con el ánimo de cambiar "la cultura de pago en España" y de ese modo corregir las nefastas consecuencias que genera en el sector productivo. Más de 1,5 millones de empresas están representadas en esa movilización ante el poder legislativo, que ha convertido en norma una reivindicación sobrada de argumentos e imprescindible para la salud económica del país.
Aspectos sustanciales de la nueva ley se refieren a los plazos de pago de 60 días en el ámbito comercial privado y la mitad en el caso de la Administración, algo que debería ser normal y que, no obstante, tampoco tendrá una aplicación inmediata. Los hábitos de demora se hallan tan arraigados, particularmente en el sector público, y las exigencias que se introducen tan concretas que se ha previsto un periodo de adaptación de tres años. La relevancia del paso que se ha dado resulta indudable, aunque el éxito dependerá de su cumplimiento efectivo para no caer en la situación actual con una media superior a los cien días en el cobro entre empresas y más de un año en determinadas administraciones.
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