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El plan de reducción de gastos del Consell por un importe de 2,8 millones de euros entre 2010 y 2011 es positivo. Es evidente que es un ahorro insuficiente, como lo serían los 4 millones que pide el Partido Popular, aunque necesario, como mínimo como acto de solidaridad con las personas que más padecen los efectos de la crisis.

Las cantidades que se deducen de los planes de austeridad tienen poco peso ante el volumen del coste de las administraciones públicas y del sistema de un Estado basado en la descentralización y en la proximidad de las instituciones. Es evidente que el volumen de las administraciones es desproporcionado.

Pero no hay que perder de vista un objetivo menorquín fundamental: las instituciones que más deben adelgazar su estructura y su presupuesto son las que más lejos están de los ciudadanos, el Gobierno central y el Govern balear. En Menorca hay que exigir que la dimensión del Consell sea adecuada a su capacidad de gestión y que ésta se base en criterios de eficacia. Este requisito no ha de cuestionar la función del Consell y el papel que debe tener en el futuro, en que ha de convertirse en una institución más potente, que pueda concentrar funciones municipales y autonómicas y que defienda mucho más los intereses de los menorquines.