Todavía sorprendidos por el anuncio del presidente del Gobierno sobre las medidas de austeridad, a la espera de mayor concreción, se constata un grave perjuicio a los funcionarios y a los pensionistas. Los primeros, además de soportar el tópico social de que trabajan poco y cobran demasiado, ahora verán reducidos sus sueldos por decreto. La mayor estabilidad de sus trabajos no es un argumento suficiente para obligarles a cobrar menos. Lo que realmente debería hacerse es respetar a los funcionarios que cumplen con su trabajo y cobran un sueldo más o menos digno y despedir a los incompetentes y a los vagos, con reducciones de plantilla como en la empresa privada. La injusticia también afecta a los pensionistas, que durante una vida laboral se han ganado lo que perciben de prestación. La posición del presidente del Gobierno ha provocado un "enderrossall" y parece imponer a todas las administraciones el voto de obediencia. Lo que no quiere decir que deba acatarse la disciplina de partido sin una reflexión profunda, más allá de la estética política. Lo que realmente reclama la sociedad es una reducción de la estructura administrativa, la supresión de servicios inútiles, fastos y lujos y prioridades en la inversión. Ahí está el ahorro justo y necesario.
Editorial
Injustas medidas contra los funcionarios y pensionistas
15/05/10 0:00
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