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Europa se ha puesto seria con España. Quiere evitar a toda costa otras operaciones de rescate como la que ha tenido que emprender con Grecia. Justo cuando los datos indican que nuestro país ha empezado a salir de la recesión, en el último vagón, se impone la necesidad de una reducción del déficit público mayor de la prevista, de 65.000 millones de euros, 15.000 más de los anunciados, en sólo dos años. Hoy, el presidente del Gobierno ha de comparecer en el Congreso para desvelar de dónde recortará el gasto público y si va a subir los impuestos, además del IVA en el mes de julio. Hasta ahora, el Gobierno ha proclamado que la inversión pública es un motor fundamental para salir de la crisis, y a partir de ahora la obsesión será la reducción del déficit. Los ciudadanos seguramente esperan dos cosas del presidente del Gobierno: que les diga la verdad sobre la situación económica y el esfuerzo que habrá que hacer durante dos años y, en segundo lugar, que aplique un plan de austeridad riguroso, sin maquillaje, que afecte a todos los niveles de la administración, especialmente a la central y a las autonómicas. Sería hipócrita pedir un esfuerzo a los ciudadanos, que lo realizan por necesidad, y que la administración no prescinda de gastos, cargos y servicios innecesarios.