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Un grupo de vecinos de la parcela donde se levantaba el hotel Esmeralda ha trasladado a la Fiscalía un dossier con documentación sobre posibles irregularidades en la tramitación de este proyecto. No es conveniente abusar de la opción de acudir a la Fiscalía, saturada de casos, sino que sería aconsejable presentar las denuncias directamente en el Juzgado. Es la vía correcta para quienes están convencidos de que se ha cometido algún delito, como sucede con este colectivo vecinal. Otra cosa es la responsabilidad municipal, la de ahora y la del mandato del PP-PMQ. Pilar Carbonero lleva sobre sus espaldas la responsabilidad de la Alcaldía de Ciutadella, y debe valorar las consecuencias de sus actuaciones públicas. Ampararse en los informes técnicos ha sido con frecuencia la forma de evitar la necesidad de respuestas claras. El origen del caso Esmeralda no debe atribuirse a la actual alcaldesa, sino a los gestores del área de Urbanismo, Avel·lí y Llorenç Casasnovas. Sería conveniente explicar por qué se llevó a cabo una moratoria, una suspensión de licencias, que duró dos años y que no sirvió para nada, qué análisis se realizó sobre los usos turísticos y residenciales y quién es el responsable de conceder una licencia que incumplía las normas.