Intereses ocultos

La mayoría de las mismas son contrarias a la implantación de ese sistema de control exhaustivo de la velocidad a la que deben circular los camiones y autocares, por entender que en Menorca (apenas 50 kms. de punta a punta) pudieran ser contraproducentes.

La opinión pública ha de tener en cuenta, no obstante, que hay muchas razones que aconsejan esa implantación (al igual que en el resto del territorio nacional).

Hay, asimismo, intereses ocultos que han de salir a luz, entre quienes presionan a la administración local para que se presione para revocar el uso del tacógrafo.

Todo lo que se haga para procurar que el número de accidentes en carretera disminuya es en principio bueno. Muy bueno.

Todos los estudios convergen en considerar la excesiva velocidad como el motivo fundamental por el que se producen la mayoría de esos accidentes. Limitar esa velocidad a vehículos pesados (camiones) y autocares es una medida que parece acertada.

El poder comprobar, incluso con efecto retardado la velocidad a la que han circulado esos vehículos, sirve el propósito que origina la medida.

Es muy importante asimismo recalcar que la medida en cuestión obliga a limitar las horas de trabajo de los conductores (que asimismo tienen marcadas sus días y horas de descanso obligatorio).

De esta manera el conductor de camión o autocar tiene limitado el número de horas de trabajo, y controlados sus descansos (tan importantes para la seguridad del conductor y pasajeros).

Y ahí es donde se manifiestan los intereses ocultos. Hay empresas que obligaban a sus conductores a hacer más horas de las aconsejables. Pagándolas como horas extras (en detrimento del descanso que los conductores merecen), no se respetaban los días libres estipulados.

Los conductores (en muchos casos) iban al límite del agotamiento físico en plena temporada turística, lo que es evidentemente una merma de seguridad para los pasajeros.
Para conseguir un sobresueldo muchos conductores aceptaban esos horarios extras.

Gracias a ese esfuerzo extra, la empresa puede facturar a la baja sus servicios, en competencia con otras empresas.

Con la implantación del tacógrafo, algunas de estas empresas se verán obligadas a contratar más conductores para cubrir su cartera de trabajo previsto, o repartir con otras empresas los servicios.

Y ahí es donde les duele.

Y de eso nadie dice nada.

ASTRAME, que ha protestado públicamente por la obligación del uso del tacógrafo, ha de considerar que anteponiendo los intereses de alguno de sus asociados a las consideraciones de seguridad vidal está arriesgando la integridad de los pasajeros. Y eso no es de recibo.

Por ese motivo hay que aplaudir la implantación del tacógrafo, cuyo uso debiera ser asimismo impuesto a otros vehículos de servicio público, como por ejemplo los taxis.

¿Acaso no transportan también (como servicio público) pasajeros como los autocares?

Si esa obligatoria reducción de velocidad en las carreteras de Menorca implica que de Mahón a Ciudadela se tardan 7 u 8 minutos más, pero se consigue el objetivo de reducir la velocidad de circulación (causante de tantos accidentes) bienvenido sea el tacógrafo.